Hace un par de días María Luisa Araujo, Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico, anunciaba nuevos recortes presupuestarios en la función pública castellano-manchega. En concreto, este plan de ahorro contemplaba la congelación de la oferta de empleo público para los próximos años, con excepción de convocatorias para cubrir puestos en el sistema sanitario y educación, además de no cubrir vacantes y sustituciones con personal interino.
En un principio, no me parece mal que haya recortes presupuestarios en partidas de dudoso interés público. En un momento de recesión económica como el que vivimos, todos debemos arrimar el hombro para salir del atolladero en el que nos encontramos, y de hecho, los funcionarios estamos acostumbrados en ser los primeros paganos en época de vacas flacas, y los grandes olvidados en tiempos de bonanza.
Si bien es cierto que en determinados servicios de la Administración General de la Junta puede haber personal más que suficiente para seguir prestando las funciones encomendadas, no es menos cierto que en otros el exceso de trabajo hace peligrar su normal funcionamiento, al existir a día de hoy una carencia de medios personales notable.
Por eso, antes de meter la tijera en la Administración Autonómica, antes debería plantearse José María Barreda asumir con valentía la tarea de acabar con privilegios endémicos, que suponen abusos difícilmente explicables ante la ciudadanía. Y aunque sé que Barreda nunca leerá este blog, en este post me atrevo a sugerirle una lista de gastos superfluos, cuya supresión no supondría un perjuicio para el normal devenir de los servicios públicos, a saber:
1.- Reducir al máximo los puestos de asesores, en los que el único mérito conocido es la relación de confianza con el cargo de turno. Muchos de estos puestos pueden tener sentido, pero otros muchos tratan de premiar a ex –altos cargos y miembros de corporaciones locales caídos en desgracia electoral.
2.- Eliminación de cargos duplicados. Hace año y medio hubo un intento frustrado de recorte presupuestario, en el que se eliminaron varias consejerías. El pretendido ahorro se quedó en el limbo, habida cuenta de que en lugar de suprimir cargos en las nuevas consejerías unificadas, lo único que se hizo fue cambiar su denominación. Es el caso de los “coordinadores” de las Delegaciones Provinciales, compuesto por los antiguos secretarios provinciales de las delegaciones desaparecidas.
3.- Control sobre el uso de los vehículos oficiales. Los altos cargos en órganos directivos y de apoyo que residen fuera de Toledo tienen a su disposición un coche oficial y conductor para realizar el desplazamiento entre su domicilio y la capital regional. Tengan en cuenta, que a la ya abultada nómina que reciben los Viceconsejeros, Directores Generales o Secretarios Generales Técnicos, hay que añadirle el sueldo de un conductor y el coste y mantenimiento de un coche oficial. Despilfarro absoluto.
4.- Reducir el número de empresas públicas. En los últimos años se viene dando el fenómeno de la creación de empresas públicas, que suponen duplicar las funciones de órganos administrativos, y cuyos resultados son muy dudosos.
5.- Evitar contrataciones fraudulentas de órganos autónomos. Determinados órganos autónomos contratan personal sin estar autorizados para ello. Se trata de un ingenioso mecanismo, cuya finalidad es “enchufar” en la Administración a la novia del hijo del director o algún amigote, sin pasar por un proceso selectivo. Se trata de una forma de corrupción de la que espero hablar pronto, ya que conozco un caso que debería terminar en la jurisdicción penal si hubiera bemoles para denunciarlo.
En fin, estas son solo unas pequeñas ideas que le doy al presidente autonómico, pero tengo más. Si José María Barreda quiere contratarme como personal eventual, puede contactar conmigo a través de mi email. Solo pido una condición... que me ponga coche oficial.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada