La injusticia express de la SGAE

"Hay una familia en Barcelona que lleva más de un año de juicios, sin poder entrar en su casa, porque se fueron de vacaciones y al volver encontraron la cerradura cambiada y a unos ladrones viviendo dentro. Han tenido mala suerte. Si en vez de robarles el piso, les hubiesen quitado un MP3, su problema se habría solucionado en cuatro días.

Los autores se quejan de que la justicia es lenta, que hay páginas web ilegales que tardan meses o incluso años en cerrar. Es cierto, pero la lentitud judicial no es sólo un problema para la SGAE. Además, el plan propuesto ni siquiera pasa por celebrar un juicio rápido. Se tarda aún menos si primero se condena y después se juzga.

Obligar a la Audiencia Nacional a que vise en cuatro días cada cierre que ordene una comisión ministerial es otro despropósito más, un remedio peor que la enfermedad, que no sustituye a un verdadero juicio. La Audiencia es un tribunal excepcional, bastante sobrecargado, que se ocupa de los delitos más graves: el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción… Quitar tiempo a estos problemas para que la justicia de la SGAE vaya rapidita y sin frenos legales es de juzgado de guardia."

Visto en: Escolar Viñeta: Manel Fontdevila

ACTUALIZACIÓN 10-1-2010

Hoy la entrada de Nacho Escolar vuelve a tratar el tema de la nueva reforma legal de la LES. En concreto, trae a colación un artículo publicado en El Correo de Nicolás García Rivas, catedrático de derecho penal del que tuve la suerte de ser alumno suyo, y en un par de ocasiones compañero de jarana en las noches locas de un congreso de derecho penal de infausto recuerdo:

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Justicia, el Gobierno ha asumido las críticas contra su propuesta de cierre de páginas 'web' mediante una simple decisión administrativa (de la Comisión de Propiedad Intelectual, perteneciente al Ministerio de Cultura) y va a reformar el texto del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para atribuir a un órgano jurisdiccional la decisión al respecto. Sin embargo, el sistema explicado por el ministro parece ideado por un enemigo del Gobierno o, lo que es peor, por los asesores de las entidades gestoras de los derechos de autor.

En efecto, aunque Caamaño ha calificado reiteradamente la propiedad intelectual como derecho 'fundamental', lo cierto es que la descarga ilícita de contenidos protegidos afecta sólo a derechos 'patrimoniales' de los creadores, que carecen por completo de esa categoría. Por muchas vueltas que le dé el Gobierno, el cierre de una página 'web' es una medida restrictiva de derechos individuales que debe adoptarse con los criterios previstos en nuestra legislación para este tipo de asuntos.

Sin embargo, para sorpresa de cualquier jurista, el Gobierno ha decidido aplicar a estos casos el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, que nuestra legislación arbitra a los ciudadanos cuando un órgano administrativo lesiona sus derechos. En una pirueta jurídica de escaso recorrido (el Tribunal Constitucional lo derogará, a buen seguro), el Ejecutivo da la vuelta a la cuestión y sostiene que el propietario de los derechos de autor debe ser tutelado por el órgano judicial ante la conculcación de sus derechos ('fundamentales') por un particular.

La Constitución no lo permite. Por el contrario, el derecho a la libertad de expresión del propietario de la página 'web' sí podría protegerse mediante ese procedimiento ante una intromisión ilegítima de la Administración (por ejemplo, la Comisión de Propiedad Intelectual). Se trata, claramente, de un fraude de etiquetas.

Y por lo que se refiere al órgano competente, es decir la Audiencia Nacional, convendría aguzar el ingenio para que no se convierta en una auténtico cajón de sastre al que terminan cayendo aquellos asuntos de difícil encaje en otra jurisdicción, por mucho que sea efectivamente complicado seguir el criterio del juez natural en estos casos, ante la ubicuidad de las páginas 'web'.

Visto en: El Correo