Esquizofrenia peperiana

Tras las últimas elecciones generales, parecía que los dirigentes del Partido Popular habían comprendido que no le daba réditos políticos mantener teorías de la conspiración sólo creíbles por los más integristas de su electorado. Así, en el primer año de la legislatura, Mariano Rajoy empezó a trazar una línea política independiente de los medios más intransigentes de la derecha. De hecho, con el bajón del Psoe en las encuestas, y el pequeño ascenso, pero ascenso, en su intención de voto, daba la impresión que ese era el buen camino para alcanzar La Moncloa.

Pero al final la cabra tira al monte. María Dolores de Cospedal, la multicargos, se ha lanzado al más puro estilo kamikaze a acusar al Gobierno, al Poder Judicial y a la Policía, de ser los culpables de destapar sucesivos casos de corrupción de personajes allegados al Partido Popular. Desde luego, para sostener acusaciones tan graves, esta mujer debe contar con pruebas irrefutables, ya que de lo contrario estaría calumniando a las más altas instituciones del Estado. Si llegado el caso, no prueba sus acusaciones, me temo que no le quedará otra que dimitir. Eso sí, no duden que no presentará pruebas, ni tampoco dimitirá.

Y lo peor de todo, es que tras el nuevo resbalón de Cospedal, Mariano Rajoy y otros dirigentes del PP han entrado en la trampa que se han tendido a sí mismos, respaldando las tesis de la Secretaria general del partido, sin pensar en las consecuencias. ¿Qué pasará si finalmente son procesados y condenados los cargos de Mallorca acusados de apropiarse de dinero público? ¿acusarán a los jueces de ser comisarios políticos al servicio del Psoe?

Con esta estrategia, sin duda, el Partido Popular crea una cortina de humo para evitar el desgaste de los sucesivos casos de corrupción que se amontonan en los juzgados. Esta actitud me resulta irresponsable y equivocada. Para Rajoy y Cospedal, los malos son los policias, y los ofendidos en sus derechos fundamentales los presuntos malversadores de caudal público. El mundo al revés.

Esta forma de hacer política no es nueva entre los dirigentes del principal partido de la oposición, ya que en el pasado, en lugar de asumir responsabilidades ante la ciudadanía, han tratado de echar la culpa de sus errores al empedrado. Recordemos como las imputaciones de la autoría del 11-M a ETA, desembocó en una teoría de la conspiración más propias de una novela de John Le Carre. Asimismo, cuando hace unos meses se destapaba el caso "Gürtel", contemplamos estupefactos como el problema no era que empresas afines a afiliados del partido se beneficiaran con millonarias adjudicaciones de contratos por Ayuntamientos gobernados por el PP, sino que Garzón y Bermejo coincidieran en una cacería en Jaén. Al final, Bermejo tuvo que dimitir, Garzón dejó de instruir, pero las diferentes causas continúan ante el Tribunal Supremo, TSJ de Madrid y TSJ de Valencia.

Al fin y al cabo, si alguien sabe de escuchas ilegales en este país, son miembros de su partido en Madrid. Y ahí sí que hay pruebas.