A finales de agosto de este año, José María Barreda anunciaba una importante reestructuración del organigrama de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante la reducción de consejerías y altos cargos, para aliviar los efectos de la crisis. La medida parecía acertada, ya que el número de vividores que ocupan cargos de libre designación es mayor de lo que sería deseable.
El problema surge cuando los cargos amortizados, tales como directores generales, secretarios generales, delegados o secretarios provinciales, inmediatamente después de ser cesados vuelven a entrar por la puerta de atrás parapetados en figuras poco
transparentes, como personal eventual o asesores. Cuando la persona cesada es un funcionario, no tiene mayor trascendencia, ya que vuelve a su puesto y santas pascuas. ¿Pero qué pasa cuando el cargo no tiene dónde caerse muerto?
En concreto, aunque hay muchos más, estoy pensando en un caso sangrante que esta encendiendo los ánimos de los funcionarios autonómicos rasos, ya que se trata de una persona con una situación económica más que desahogada, y no necesitaría
amotinarse dentro de la
marabunta de puestos dados a dedo que hay en la Junta. Pero pensando sin duda en lo aburrido que es estar viendo el programa de Ana Rosa todas las
frías mañanas de invierno, y apoyándose en sus lazos familiares, junto con una capacidad proverbial para dar codazos, el personaje ha conseguido que le creen una plaza a medida, al margen del interés público. Atraco administrativo en toda regla.
Es tan escandaloso el asunto, que una de las autoridades más importantes de la ciudad ha filtrado que el personaje en cuestión va pregonando públicamente que "las fusiones de consejerías no sirven de nada, ya que a el/ella le tienen que dar una plaza de todos modos". ¿No es acaso ese un comportamiento cuasi delictivo? ¿cómo luego puede dar lecciones de moralidad tú familia?
Y mientras tanto los funcionarios interinos en la calle.
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